El sistema financiero local enfrenta una de sus crisis más profundas de los últimos años. Según datos basados en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), cerca de 7 millones de personas se encuentran actualmente fuera del sistema crediticio debido a un aumento histórico en los niveles de morosidad familiar. El índice de irregularidad en los préstamos otorgados a los hogares alcanzó un preocupante 12,7%, exponiendo la asfixia económica que atraviesan millones de ciudadanos para sostener sus gastos diarios.

Este fenómeno responde directamente a la pérdida del poder adquisitivo y al cambio de dinámica inflacionaria. Con salarios rezagados frente a los fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos, muchas familias comenzaron a financiar consumos básicos y alimentos mediante tarjetas de crédito o préstamos personales.

La situación más crítica y alarmante se concentra en el universo de las billeteras virtuales y las plataformas fintech. En este sector no bancario, que suele otorgar créditos rápidos -a un solo click- de consumo a los segmentos de menores recursos, la tasa de morosidad trepó a niveles alarmantes que oscilan entre el 25% y el 32%. Del total de los afectados en todo el país, más de 3 millones de personas ya cayeron en la categoría de "incobrables" del BCRA, lo que bloquea por completo su acceso a cualquier financiamiento formal.

Ante este escenario, las respuestas institucionales exponen una profunda grieta política y económica. El presidente Javier Milei descartó categóricamente implementar cualquier tipo de auxilio o salvataje estatal, bajo el argumento de que se trata de un "problema entre privados" donde el Estado no debe asumir costos fiscales. En la vereda opuesta, bloques de la oposición impulsan en el Congreso más de 20 proyectos de ley que buscan dictar alivios financieros urgentes, proponiendo quitas de capital y planes de pago con tasas reguladas.

A pesar de la gravedad del panorama, las últimas mediciones de las consultoras arrojaron una mínima luz de esperanza al registrar una leve desaceleración del 12,8% al 12,7% en la mora general de las familias. Desde el oficialismo interpretaron este freno como una señal de estabilización económica tras 19 meses consecutivos de subas. Sin embargo, para los especialistas, el piso de la crisis sigue siendo altísimo y la recuperación del consumo familiar dependerá exclusivamente de una recomposición real del salario frente a las deudas acumuladas.